El primer plan de acción diseñado específicamente para dotar a los líderes religiosos de herramientas que sirvan para prevenir y contrarrestar la incitación a la violencia, el Plan de Acción para que Líderes y Actores Religiosos Prevengan y Contrarresten la Incitación a la Violencia que Podría Conducir a Crímenes Atroces, fue presentado en julio de 2017 por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, durante una reunión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

El Plan de Acción fue elaborado a lo largo de dos años de consultas intensivas a niveles mundial y regional, organizadas por la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, con el apoyo del Centro Internacional de Diálogo (KAICIID), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Red de Pacificadores Religiosos y Tradicionales.

En estas consultas tomaron parte un total de 232 líderes y actores religiosos de 77 países. Entre los participantes hubo budistas, cristianos, hindúes, judíos, musulmanes y sijs de diferentes grupos y denominaciones, así como representantes de diversas minorías religiosas, incluyendo las confesiones bahaí, candomblé, kakai y yazidí, así como humanistas. Al menos el 30% de los participantes de todas las reuniones fueron mujeres.

El Plan de Acción fue elaborado como respuesta a un alarmante repunte, observado en los últimos años, del discurso del odio y de la incitación a la violencia contra personas o comunidades, tomando como base su identidad. La incitación a la violencia, en el discurso público y los medios de comunicación, es un signo de advertencia habitual y un precursor de crímenes atroces. Este Plan de Acción es el primer documento que se centra en el papel de los líderes y actores religiosos en la prevención de la incitación a la violencia que podría desembocar en crímenes atroces, y el primero en diseñar estrategias regionales específicas al contexto con este objetivo.

La implementación del Plan de Acción contribuirá a la prevención de crímenes atroces –especialmente en zonas afectadas por violencia y tensiones religiosas y sectarias– y mejorará el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, entre ellos, los derechos a la libertad de opinión y expresión, a la libertad religiosa o de credo y al derecho a reunirse pacíficamente.

Myanmar, el segundo país más grande del sudeste asiático, con una población estimada de 56,8 millones de habitantes, se enfrenta a una transición tanto política como económica. Asimismo, hace frente a problemas identitarios desde el punto de vista étnico y religioso, con más de 135 grupos étnicos reconocidos. En varias partes del país, especialmente en el estado de Rakáin, la comunidad musulmana es el blanco de diversos ataques violentos. En agosto de 2017 hubo un nuevo repunte de la violencia que causó la muerte de más de 1000 personas, según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. El Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a las autoridades de Myanmar para que pusieran fin a la violencia contra los musulmanes rohinyás y reconocieran que la mejor manera de definir la situación es la de “limpieza étnica”. Tras las tensiones violentas vividas en esta región en octubre de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en febrero de 2017 en el cual se refería a la “devastadora crueldad” desplegada contra los rohinyás por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, que incluía graves violaciones de los derechos humanos. El gobierno recientemente elegido se enfrenta a un enorme reto al calibrar sus respuestas políticas, normativas y de seguridad para garantizar que no se intensifique la violencia, y controlarla. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo nacional por la paz con los grupos armados étnicos no han logrado ningún progreso significativo. Si bien el gobierno arguye que los rohinyás son migrantes ilegales de Bangladesh, y no ha realizado ningún esfuerzo real para proporcionarles un estatus jurídico formal, los últimos acontecimientos demuestran que ha comenzado a dar cada vez más la espalda a los grupos radicales. Es más, se ha prohibido a un conocido monje nacionalista que divulgaba un discurso del odio contra los musulmanes, U Wirathu, predicar sermones durante un año por “instigar el conflicto y las disputas de carácter religioso, social y político”.