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Líderes religiosos intervienen para proporcionar un trato humanitario a los presos encarcelados durante la pandemia de COVID-19

Líderes religiosos y expertos políticos han hecho un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que defiendan la salud y los derechos humanos de las personas detenidas y encarceladas durante la pandemia de COVID-19, en un reciente seminario web sobre trato humanitario a las personas encarceladas.

Celebrado el 12 de agosto, este seminario web estuvo organizado conjuntamente por el Centro de Diálogo Internacional (KAICIID), la Coalición de organizaciones religiosas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y formaba parte de una serie de seminarios en la que se examinaba el papel de los dirigentes religiosos frente a cuestiones urgentes de justicia social, como la violencia contra la mujer, la pobreza y el cambio climático.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), en el mundo hay casi 11 millones de presos y personas detenidas, a menudo en condiciones de hacinamiento e insalubridad. La falta de espacio y de acceso a una atención sanitaria y una higiene adecuadas ha constituido un obstáculo insuperable para prevenir, preparar o responder adecuadamente al COVID-19 en las cárceles y centros de detención de todo el mundo.

Los expertos de la OACDH también han advertido que "la transmisión comunitaria de COVID-19 dentro de una institución penitenciaria probablemente se traduzca en una tasa de mortalidad por COVID-19 desproporcionadamente alta". Según su informe, tanto los prisioneros como los detenidos pueden enfrentarse a una sentencia de muerte literal.

"La forma en que respondamos [a COVID-19] reflejará la moral de nuestro tiempo", comenta la hermana Alison McCrary, presidenta del grupo de Luisiana del Colegio Nacional de Abogados y asesora espiritual en el corredor de la muerte de Luisiana, durante el seminario web.

McCrary argumenta que mantener a los prisioneros sanos no sólo es importante en cuanto a la defensa de los derechos humanos, sino también para la protección de las comunidades.

"Por primera vez, hay una oportunidad de ver realmente cómo el encarcelamiento nos afecta a todos. Cuando hay una pandemia que se extiende y hay personas que no pueden distanciarse socialmente para tomar precauciones, y luego son liberadas en las comunidades, vemos cómo todo tiene una conexión", señala.

Las organizaciones religiosas pueden cubrir los déficits de financiación y recursos

La Dra. Karin Bruckmüller, profesora de la Universidad Sigmund Freud de Viena y experta en derecho penitenciario, explicó que las organizaciones confesionales y las instituciones religiosas son clave para asegurar que los presos y los trabajadores "no sean olvidados en esta crisis del COVID-19".

"Los sistemas penitenciarios deben reaccionar con rapidez a las medidas higiénicas y médicas para evitar infecciones", indica, subrayando que muchos también se ven impedidos de hacerlo por falta de fondos, suministros o espacio.

Según Bruckmüller, esto supone la oportunidad perfecta para que las organizaciones y las instituciones religiosas intervengan y cubran los desfases de financiación y recursos.

Por ejemplo, si los gobiernos optan por liberar a los delincuentes menores de edad antes de tiempo, puede ser necesario que las comunidades religiosas proporcionen alojamiento temporal para garantizar que los presos liberados no queden sin hogar y corran el riesgo de infectarse tanto ellos como la comunidad que los rodea.

McCrary añadió que las organizaciones religiosas también pueden ayudar con los programas de reinserción, sobre todo porque las personas que han estado encarceladas desde antes de la pandemia pueden no ser conscientes de las expectativas y los cambios sociales en sus comunidades.

"Es importante normalizar el uso de mascarillas y otras precauciones, y decir que todo el mundo lo hace, para que la persona que vuelve a casa de la cárcel no se sienta más condenada al ostracismo o como si tuviera una enfermedad o fuera una mala persona", afirma.

Las personas encarceladas necesitan desesperadamente atención espiritual y de salud mental

En cuanto a las personas que siguen encarceladas, Bruckmüller mencionó una necesidad desesperada de atención y apoyo espirituales, en particular con los servicios de salud mental, ya que la ansiedad y el temor por la pandemia aumentan en las cárceles y los centros de detención. Muchas instituciones religiosas también están intensificando sus esfuerzos para ofrecer servicios hospitalarios y de salud, especialmente en las cárceles superpobladas que no cuentan con instalaciones de aislamiento o cuarentena.

"Y", señala Bruckmüller, "no debemos olvidar a las familias en esta situación tan excepcional. Aquí especialmente, se exige a los miembros de las organizaciones religiosas, ya que su estímulo positivo puede reducir el temor de cada una de las partes".

Bruckmüller incidió en que las comunidades religiosas puedan proporcionar puestos informáticos para que los familiares que no tienen acceso a la tecnología puedan tener conversaciones virtuales con sus parientes presos. Esto es particularmente importante para proteger el estado mental de ambas partes, ya que la mayoría de los presos ya no pueden recibir visitas externas y sufren de soledad y aislamiento.

Según el Reverendo George Harrison, sacerdote católico y capellán de prisión de Malasia, los dirigentes religiosos y las instituciones de su país de origen también se han preocupado especialmente por la salud mental y el bienestar de los reclusos, transmitiendo en servicios religiosos semanales y proporcionándoles medios digitales para que se conecten con la atención pastoral, ya que actualmente está prohibido el contacto directo.

Harrison dice que esas conversaciones en línea también han ayudado a alertar a los dirigentes religiosos sobre diversas necesidades de higiene de los reclusos, como las peticiones de pastillas de jabón y máscaras. En los últimos meses, varios grupos religiosos como los cristianos y los budistas, además de las organizaciones religiosas y las ONG, han realizado campañas de donación y han distribuido estos productos tan necesarios.

McCrary cree que estos son los primeros pasos positivos, pero que la responsabilidad de las instituciones religiosas y de las OC para responder al llamado por el aumento de los derechos humanos y la justicia social tanto durante como después de la pandemia es sólo el comienzo.

"Nos enfrentamos ahora al modo en que nos reconocemos conscientemente en este momento y el mundo que vamos a dejar para las futuras generaciones, y cómo hemos respondido colectivamente a esta pandemia, que nos está pidiendo que la utilicemos como una puerta para el cambio social".

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